| El congresista Adriano Espaillat se pronunció ayer de manera extensa sobre el programa de Acción Diferida en la Infancia (DACA) y rechazó la xenofobia, al tiempo que aseguró que el próximo paso para defender y mantener el DACA es la conciliación presupuestaria. A continuación la opinión íntegra de Espaillat. El mes pasado marcó el noveno aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Y desde su inicio, el programa ha transformado las vidas de cientos de miles de jóvenes inmigrantes en todo el país. Pero durante cuatro años, tuvimos que defender a DACA de incesantes ataques xenófobos. No solo de la administración Trump, sino también de los republicanos en el Congreso e innumerables estados del país que deseaban desmantelar completamente este programa, dejando a nuestros jóvenes indocumentados varados y en riesgo de deportación. Como inmigrante que fue indocumentado que llegó a este país cuando era niño, esta lucha ha sido personal para mí. Antes de la pandemia de COVID-19, el 96 por ciento de los beneficiarios de DACA estaban empleados o matriculados en instituciones educativas, entrando de manera lenta pero segura en nuestro flujo de trabajo para convertirse en nuestros futuros educadores, profesionales de la salud, abogados, innovadores, servidores públicos y líderes comunitarios. Casi el 25 por ciento de los beneficiarios también tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses y, sin una acción rápida y decisiva, estas familias correrán el riesgo de ser separadas. El hecho es este: DACA ha sido un programa transformador. Pero a pesar de su éxito, no hemos logrado convertir en ley una solución legislativa permanente para los jóvenes inmigrantes indocumentados. Desde los primeros intentos de Trump de poner fin a DACA en 2017, los beneficiarios de DACA y los jóvenes elegibles para DACA han estado viviendo de una decisión judicial a otra pidiendo algo semejante a la estabilidad, y las comunidades de inmigrantes de todo el país han continuado implorando por un cambio real. Pero, incluso después de 25 largos años de inacción para aprobar la reforma migratoria, estos DREAMers (Soñadores), muchos de ellos también trabajadores esenciales, merecen seguridad y, sobre todo, una vía real hacia la ciudadanía. Y la conciliación presupuestaria será la única forma de hacerlo. En un mundo perfecto, el Senado habría eliminado hace mucho tiempo el filibuster (obstruccionismo), una reliquia antidemocrática de la era Jim Crow que requiere una supermayoría para aprobar casi toda la legislación. Tal acción habría permitido a los demócratas, con un mandato electoral claro, romper el estancamiento de décadas y realmente cumplir con los más vulnerables. Pero los republicanos nos han demostrado una y otra vez que no estarán satisfechos hasta que millones de inmigrantes sean puestos en la vía de la deportación, manteniendo la ciudadanía como rehén y bloqueando las protecciones permanentes que apoya la gran mayoría del pueblo estadounidense. Sabemos que tan recientemente como en abril pasado, un grupo bipartidista de senadores ha estado manteniendo conversaciones sobre inmigración para explorar la posibilidad de aprobar finalmente la tan esperada legislación de reforma migratoria. Si estas negociaciones no resultan fructíferas, lo que, según parece, puede atribuirse a que nuestros colegas republicanos se niegan a negociar de buena fe, nos veremos obligados a recurrir a la única herramienta que nos queda. La conciliación presupuestaria, un proceso que proporciona una vía estrecha para aprobar algunos tipos de legislación con mayoría simple, ofrece un camino a seguir. Y tampoco es inédito que la legislación sobre conciliación incluya reformas migratorias. De hecho, un Senado controlado por los republicanos lo hizo en 2005 cuando se incluyeron cambios en la política de inmigración como parte de un paquete de conciliación presupuestaria más amplio. Actualmente, las medidas de legalización aprobadas por la Cámara tendrán un impacto de más de $40 mil millones en 10 años. Eso significa que una vía futura hacia la ciudadanía para los más de cinco millones de inmigrantes no autorizados, muchos de los cuales son trabajadores esenciales, pasaría la revisión por tener un impacto presupuestario significativo, una prueba necesaria para que los elementos legislativos se consideren a través de este proceso. Durante demasiado tiempo, más de 11 millones de inmigrantes, incluidos cientos de miles de neoyorquinos, han esperado en el limbo y se han enfrentado a numerosos obstáculos en el camino hacia el estatus migratorio legal y la ciudadanía, y como el único miembro del Congreso que fue indocumentado, conozco este viaje bien. También hablo por experiencia propia cuando digo que convertirse en ciudadano de los Estados Unidos es el producto de un arduo trabajo y dedicación para hacer realidad un sueño de una vida mejor. Pero, no podemos olvidar: DACA sigue siendo el piso, no el techo, cuando se trata de proteger a nuestras comunidades de inmigrantes. Es por eso por lo que creo que deberíamos usar todas las herramientas en nuestra caja de herramientas legislativas y parlamentarias para proporcionar una vía real hacia la ciudadanía mientras los demócratas tenemos la mayoría en ambas cámaras del Congreso y tenemos un presidente de nuestro partido en la Casa Blanca. Y eso incluye el uso del proceso de conciliación presupuestaria. El camino a seguir es claro, y si los republicanos continúan con su diatriba de obstruccionismo, no nos quedará otra opción que avanzar unilateralmente ―por el pueblo. |