El tiro Rápido: Voces de Alerta

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Por: Mario Rivadulla

Desde hace varias el tema de la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social y la necesidad de elevar el monto de la irrisorias pensiones que recibirían los asegurados al momento de acogerse al retiro, ha sido una constante en TELEDEBATE.

En esa tarea de divulgación hemos contado con la presencia de las dos figuras que sin dudas figuran entre los principales expertos en la materia con que cuenta el país.

Uno el ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Albuquerque. Por diez años consecutivos Ministro de Trabajo, asesor de la Organización Internacional del Trabajo y con amplísimo conocimiento en materia laboral y de seguridad social.

El otro, Arismendi Díaz Santana, quien fue el principal arquitecto del actual sistema en base a los estudios actuariales realizados por una prestigiosa firma internacional de expertos contratada al efecto, que además ha servido de asesor en la elaboración de otros sistemas en distintos países y ocupó durante los primeros cinco años el puesto de Gerente General del sistema dominicano.

Ambos han sido reiterativos y coincidentes en insistir sobre la necesidad de introducir significativos cambios para garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, a fin de que pueda cumplir con sus compromisos, en virtud de los cambios registrados sobre todo por el aumento significativo de las expectativas de vida de los dominicanos y el incremento en el porcentaje de adultos mayores y envejecientes en relación con la población joven.

También han advertido que bajo el presente esquema, de no introducirse cambios profundos en el sistema, las pensiones que recibirían los asegurados al momento del retiro oscilarían entre el 23 y un máximo del 28 por ciento del salario lo que sería tanto como condenarlos a arrastrar una existencia de auténtica miseria en los años postreros de la existencia.

Entre los cambios propuestos y considerados necesarios figuran el extender la edad del retiro a partir de ahora, aumentar los aportes al sistema de pensiones de un 10 a entre un 12 y 14 por ciento, reducir las comisiones que perciben las AFP y poner a funcionar sin mas dilación los Centros de Atención Primaria, contemplados en la ley, lo que permitiría disminuir de manera apreciable los elevados gastos del área de salud. Ello haría factible ampliar la cobertura en medicamentos y procedimientos a beneficio de los asegurados.

Sobre este último aspecto ha vuelto a la carga el doctor Albuquerque insistiendo en la necesidad de poner a funcionar la Atención Primaria y reiterando la de reducir las elevadas comisiones que perciben las AFP.

En  relación con este mismo tema, en un extenso, exhaustivo  análisis publicado en la edición del periódico “Hoy” del pasado viernes, Isidoro Santana ofrece una panorámica muy amplia y orientadora sobre los motivos principales que obligan a readecuar el sistema,  entre estos la gran cantidad de trabajadores informales que aun quedan fuera del mismo, llamando la atención además sobre un factor que ha sido hasta ahora una retranca para poner en práctica aspectos de la ley que después de dieciséis años no se han podido implementar.

Con justificada razón, Santana llama la atención sobre la composición múltiple del Consejo Nacional, organismo supremo del sistema, con la presencia de actores que representan intereses sectoriales en frecuente pugna, cuando en  realidad la integración del mismo debiera limitarse a un representante del empresariado, uno de los trabajadores y otro del Gobierno con derecho a voto decisorio y sus respectivos suplentes. Es uno de los aspectos claves que tendrán que ser reajustados en el indispensable y urgente proceso de modificación de la ley.

Hay que poner énfasis una vez mas que los problemas de ajuste que requiere el sistema dominicano no son exclusivos del país.  Al presente, prácticamente todos los sistemas de seguridad social en el mundo están atravesando por igual reto y procediendo a realizar los cambios requeridos.   No se trata de privar de su derecho a ningún asegurado, sino por el contrario garantizar que el sistema pueda ofrecerle una mejor cobertura de salud y garantizarle una pensión digna al momento de su retiro.

Lo contrario, hay que decirlo por lo claro, llevaría a poner en alto riesgo de quiebra la Seguridad Social y convertirse en un serio elemento de desestabilización económica, institucional y política.  El tema es tan serio que no da margen para practicar irresponsables ejercicios de populismo, propuestas sin fundamento técnico alguno y argumento para la práctica de la politiquería.