ODEBRETCH: UNA TECLA DORMIDA

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Como consecuencia y en respuesta a la investigación ordenada contra los bienes de ambos por su desde el principio proclamada amistad con Angel Rondón, a quien se le atribuye ser eje alrededor del cual gira el admitido soborno de 92 millones de dólares para la obtención de contratos de obras por varios miles, que los comunicadores Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara han reclamado de la Procuraduría General investigar a las empresas locales que estuvieron relacionadas con la ODEBRETCH en l ejecución de dichas obras. 

 Al hacerlo,  tocaron de rebote una tecla que hacía mucho no sonaba en el largo y dilatado concierto de investigaciones sobre el escandaloso expediente de corrupción de la ODEBRETCH.  Fuentes oficiosas no identificadas de la Procuraduría señalan que dichas empresas no pueden ser investigadas, hasta tanto la Cámara de Cuentas no entreguen las auditorías forenses de las distintas obras llevadas a cabo por la poderosa constructora brasileña con sus asociados locales, para  determinar si hubo sobrevaluación en las mismas. 

Mario Rivadulla

 Según las mismas fuentes informantes, la solicitud de dicha auditorías por parte de la Procuraduría General data de abril del 2017, o sea, que ya tienen más de un año de haber sido requeridas.  Durante ese tiempo, se habrían enviado cartas a la Cámara de Cuentas en distintas ocasiones, interesándose por su resultado.  La evasiva y lacónica respuesta en cada caso sería que se está trabajando en las mismas.

 El listado de obras otorgado a Odebretch, excluida la Planta a Carbón de Punta Catalina, resulta impresionante.  Abarca el acueducto de la Línea Noroeste; la ampliación del mismo;  la eléctrica Pinalito; la hidroeléctrica de Palomino; el acueducto de Samaná; el de las Hermanas Mirabal; la carretera Casabito; Autopista Coral; Corredor Duarte; Corredor Duarte Dos; carretera Bávaro-Miches-Sabana la Mar; la de El Río-Jarabacoa; la de Cibao-Sur; Circunvalación Romana; Ecos Vía de Santiago y Bulevar Turístico del Este.    El monto total andaría por los cuatro mil 300 millones de dólares.  Al cambio actual, más de 200 mil millones de pesos.

 Pero lo que realmente preocupa es que en todas estas obras el pago final superó con mucho, en algunos casos, hasta el 100 por ciento, el valor original presupuestado. Se estima que la cantidad pagada en exceso pudiera resultar superior a mil 500 millones de dólares, bajo sospecha de que buena parte de esos sobre costos cubrirían el monto de los 92 millones de admitidos sobornos, que Angel Rondón insiste en calificar como honorarios como cabildero de la empresa, y beneficios adicionales derivados por la constructora y posiblemente sus asociados locales.

 El plazo extendido a la Procuraduría para completar sus investigaciones y presentar su expediente formal de acusación vencerá el próximo 9 de junio, apenas a distancia de poco más de tres semanas.  Cabe preguntar si la tan cuestionada Cámara de Cuentas entregará las auditorías solicitadas antes de esa fecha, un trabajo que por su importancia procesal, económica y política debía ser declarado como de extrema prioridad.  Y en caso de que no lo haga, ¿cuál o cuáles deberían ser los pasos de la Procuraduría General para no dejar estos importantes cabos sin atar?

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