Gobernador enfoca la seguridad y reforma energética en Puerto Rico durante su segundo mensaje de Estado 

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(5 de marzo de 2018 – El Capitolio, San Juan) En su segundo mensaje sobre la situación del Estado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el aumento de sueldo de $1,500 al año para los policías; el alza más alta que se ha registrado en 10 años para estos funcionarios públicos. 

 Además, el mandatario anunció la compra de 300 nuevas patrullas con tecnología como parte del nuevo equipo para la Uniformada. Igualmente, se destacarán en la calle 1,435 miembros de la Policía —que estaban destacados en funciones administrativas— y personal de otras agencias asumirá estas funciones gracias a la Ley del Empleador Único.

 “Compañeros policías, vamos a invertir en ustedes. Les anuncio que estaremos asignando los recursos para otorgar un aumento de 1,500 dólares al año a todos los agentes de la Policía de Puerto Rico”, informó el primer ejecutivo.  

Rosselló Nevares también indicó que se establecieron nuevos acuerdos con el Gobierno federal para combatir el crimen y el narcotráfico. Entre estas, se destacan iniciativas que origina el Departamento de Justicia de Puerto Rico, encaminadas a lograr mayores convicciones.

 Las estadísticas oficiales demuestran que, en la mayoría de los Delitos Tipo I, se reflejó una reducción entre los años 2017 versus 2016, que incluye los asesinatos.

 Sin embargo, como es de conocimiento público, el año ha iniciado con una alarmante escalada de asesinatos.

 “No existe una solución mágica para un problema tan complejo. Lo que sí tenemos es la capacidad, para de manera inteligente, decidida y firme, enfrentar a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, explicó el gobernador.

 El primer mandatario anunció, por otro lado, la presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de ley que definirá la transformación del sistema de energía eléctrica de la Isla.

 “Hoy radiqué ante los cuerpos legislativos el proyecto que define los procedimientos para dicha transformación, con los componentes de privatización y de concesión definidos. Dicho proceso se hará de forma transparente, con un modelo que ha rendido frutos; a saber, la Ley de Alianzas Público Privadas”, informó el gobernador.

 La ley facultará para que se destinen recursos de las transacciones para capitalizar los sistemas de retiro de los empleados de la AEE que están en quiebra. La meta es estabilizar el precio de energía a 20 centavos el kilovatio hora y tener un sistema más confiable, más eficiente y amigable con el ambiente.  

El primer mandatario informó que no se despedirán empleados públicos de la AEE.

 Serán los empleados quienes podrán escoger entre irse con las empresas privadas que inviertan en Puerto Rico o quedarse en el Gobierno, bajo la Ley del Empleador Único, con sus actuales beneficios y salario.

 Por otro lado, luego de un año de grandes desafíos en temas fiscales —durante el cual la Administración Rosselló Nevares y la Asamblea Legislativa dejaron claro ante la Junta de Supervisión Fiscal que no es necesario despedir  empleados públicos— el gobernador destacó que el nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico establece como prioridad menos contribuciones para incentivar la economía.

 Con el fin de reenfocar las prioridades, se reducirá el número de agencias para que el Gobierno sea más eficiente y menos costoso. Los ahorros para el año fiscal 2023 rondarán cerca de $620 millones anuales.

 La transformación gubernamental más grande de la historia de la Isla implica una reducción de 118 agencias a cerca de 35, iniciativa que el gobernador ya había anunciado en su primer mensaje.

 Por otro lado, Rosselló Nevares anunció que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) ya produce ahorros al erario de $28 millones. También se reorganizó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) para unirla a la estructura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

 Además los siete planes de reorganización —que incluyen al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Junta Reglamentadora del Servicio Público, el Departamento del Trabajo, el Bosque Modelo, el Consejo de Educación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura (ICP)—representan al momento un ahorro estimado de sobre $340 millones para los próximos cinco años.

 En cuanto a la salubridad de la Isla, el gobernador indicó que “se dio el primer paso para cambiar la estructura de salud a un nuevo modelo, con una sola región, donde tú puedas recibir servicios a través de la Isla y donde tú estarás en control, no las aseguradoras”.

 “Para lograrlo, establecimos mayores controles en la detección de fraudes en las transacciones de los planes médicos”, agregó el primer mandatario.

 El primer ejecutivo indicó que logró una asignación federal de casi $5,000 millones para proteger las vidas del plan de salud del Gobierno. Además, la regulación de la industria del cannabis medicinal asegurará un enfoque salubrista y aportará a la economía. 

De igual forma durante su mensaje, el gobernador reconoció los retos ante la emergencia vivida tras el paso de los huracanes Irma y María.  

Destacó que el Gobierno necesita tener un proceso más efectivo y certero al que se llevó a cabo en la contabilidad de las muertes durante la emergencia.  

Ante esto, Rosselló Nevares recordó la colaboración establecida con George Washington University y la Universidad de Puerto Rico para revisar el protocolo, sus resultados, estimar de la manera más robusta las pérdidas de vida y encaminar un proceso resiliente de salud pública. 

“De eso se trata el camino hacia la recuperación. Reconocer y rectificar los errores. De esa forma corregiremos lo que se hizo mal, remontamos sobre lo que se hizo bien, y nos preparamos mejor para una nueva temporada de huracanes, que está próxima a dar inicio en apenas tres meses”, expresó el primer ejecutivo. 

También, el gobernador señaló la necesidad de canalizar mejor y más rápido la ayuda proveniente del sector privado hacia los más afectados al eliminar la burocracia y la regulación innecesaria en el Gobierno local y solicitar lo mismo en ámbito federal.

 De otro lado, el primer mandatario reconoció el trabajo y los grandes retos que enfrentan los municipios y sus alcaldes tras el paso de los últimos dos huracanes catastróficos.

 Debido a esto, en el nuevo Plan Fiscal se asignaron fondos adicionales, para reducir el impacto de la eliminación de los subsidios a los municipios.

Rosselló Nevares también separó espacio en su mensaje para recordar la mayor asignación de fondos federales que se ha otorgado en la historia de la Isla —resultado del trabajo en equipo del gobernador y la comisionada residente Jenniffer González— a pesar del discrimen colonial que se ha visto reflejado en el proceso de asignación de estos fondos federales y en la reforma contributiva de los Estados Unidos.

 “Entre los fondos correspondientes al programa de Medicaid, que ascienden a casi $5,000 millones y los $11,000 millones correspondientes a la partida de fondos para el desarrollo comunitario, mejor conocida como los CDBG, obtuvimos de forma directa sobre $16,000 millones dólares”, destacó el primer ejecutivo. 

A esas partidas se le añade el acceso a más de $47 mil millones en programas de nutrición como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN); así como programas de educación para construir mejores escuelas, para recuperar la agricultura, para fomentar los pequeños y medianos comercios y para los veteranos, entre otros.

 Por otro lado, Rosselló Nevares recordó que el nuevo modelo contributivo reducirá el Business to Business (B2B) cada año hasta eliminarlo; bajará la tasa del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los alimentos procesados del 11.5 a un 7%; dará un crédito para incentivar el trabajo; y reducirá paulatinamente las tasas de los individuos y de las corporaciones.

 Además, con el fin de encaminar una reforma a la fuerza laboral, el gobernador hizo énfasis en la remoción de obstáculos a la creación de negocios y los incentivos para la clase trabajadora por medio de un crédito al trabajo (Earned Income Tax Credit). Esto equipara a la Isla con lugares más competitivos y otras jurisdicciones de los Estados Unidos.

 Al mismo tiempo, unos seis nuevos proyectos se han formalizado para Roosevelt Roads, algo nunca antes visto en estos terrenos, lo cual generará 2,500 empleos directos e indirectos. Además, se está ampliando la oferta turística de cruceros más allá del principal Puerto de San Juan.

 Además, ya hay seis alianzas público privadas encaminadas, que incluyen al sector energético; iniciativas de transportación terrestre y los puertos marítimos; transportación a las islas municipio de Vieques y Culebra; estacionamientos y residencias estudiantiles, entre otras. Esto logrará la generación de 25,000 empleos, con una inversión estimada en $1,200 millones.

 Rosselló Nevares también recordó que se creó el mapa de activos de Puerto Rico y que se establecerá el marco para una economía solidaria. También se aprobó la ley de apoyo financiero para la Universidad de Puerto Rico y se aprobaron las enmiendas a las leyes 20, 22 y 73, para que dichos incentivos tengan un mayor efecto en el desarrollo económico de la Isla.

 Igualmente, se ha puesto en marcha el Plan para el Desarrollo Agrícola, encaminado a duplicar la producción local.

 Por otro lado, Rosselló Nevares recordó el valor que tiene la mujer en esta Administración y que, como jefas de la mitad de las agencias gubernamentales, manejan el 70% del presupuesto. De igual forma, se legisló para su igualdad salarial y para garantizar que licitadores del Gobierno promuevan equidad para las mujeres.

 De acuerdo a la política pública del gobernador, se continuará impulsando la agenda de estatus con la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, a fin de lograr la estadidad.

 El primer ejecutivo también recordó, por otro lado, que las comunidades más vulnerables continúan siendo prioridad del Gobierno.

 Es por esto que habrá un mejor modelo educativo público —el cual incluye un aumento de sueldo de $1,500 anuales a maestros, quienes no recibían aumentos desde hace 10 años— para que los menores se beneficien de una educación de excelencia, con la ayuda de las escuelas charter y los vales educativos.

Además, para ayudar al progreso de estas comunidades, se establecerán parámetros a fin de tener un requerimiento de trabajo para los programas nutricionales y de beneficencia e incentivar la fuerza laboral.

 “Es importante que protejamos y fortalezcamos los programas para los más vulnerables pero que, de igual forma, incentivemos a los que pueden trabajar, a que busquen un trabajo digno y se inserten a la economía formal”,  concluyó Rosselló Nevares.