Burlas, amenazas y agresiones a la Prensa

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Por Jesús Rojas

De un tiempo a esta parte, quienes ejercen el periodismo en la República Dominicana confrontan cada vez más amenazas y hostigamientos por parte de intereses o personas afectadas en procesos judiciales de carácter público, como lo es el caso más reciente que involucra a la reportera de televisión Elbania Flores, de Telemicro, y el fotorreportero Juan Tomás Valenzuela, del periódico El Caribe.

Ambos comunicadores fueron agredidos física y verbalmente cuando cumplían sus labores informativas. La primera en los pasillos de una clínica de Santo Domingo, al parecer por parte de alegados familiares del empresario Ángel Rondón, vinculado al caso Odebrecht, cuando ella indagaba sobre su estado de salud. Mientras que dos reclusos vinculados en el asesinato de la señora Natasha Sing, agredieron a Valenzuela cuando ambos eran fotografiados en los pasillos de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo.

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Adriano de la Cruz, al frente de una nutrida delegación del gremio, urgió llevar ambos incidentes hasta las últimas consecuencias, “porque no se puede permitir que los periodistas sean agredidos y menos en el ejercicio de sus funciones.” Advirtió que la acción es violatoria al Artículo 311 del Código Penal, 49 de la Constitución, así como de varios convenios internacionales. Cabe recordar que en 2017 murieron más de 80 periodistas en el mundo, según cifras de la Federación Internacional de Periodistas.

De igual manera, el movimientos Marcelino Vega denunció poco antes los atropellos y amenazas constantes a las que está siendo sometida la periodista Lucy Quisqueya Astacio, residente de El Seibo, a manos de un individuo identificado como Wilson Abreu, quien tras salir en libertad por una denuncia previa amenazó de nuevo con “picarla y botarla.” Al imputado se le acusa de robar dinero y propiedad privada en la residencia de la comunicadora poco después de quedar libre.

El coordinador general del MMV, Olivo de León, calificó como una burla a la sociedad la decisión de la juez de Instrucción de El Seibo, Sindy E. Rosario Santana, de poner en libertad al presunto delincuente por alegada debilidad en el expediente, por lo que dictaminó presentación periódico al imputado, una orden de alejamiento y no salir de la provincia. La magistrada justificó ser menos rigurosa al hecho de que “la periodista todavía está viva.” Es decir, ¿es necesario el asesinato para que la justicia actúe?. ¿En vano murieron Guido Gil, Gregorio García Castro y Orlando Martínez, entre otros?

Sin embargo, “la costumbre hace ley” y todo sugiere que retornamos a tiempos que se creían ya superados. Al parecer, algunos jueces, fiscales, policías y delincuentes coinciden en que la manera más expedita de burlarse de la “justicia” es con mano blanda y tácticas dilatorias, una vez el hecho consumado. A ello se suma el Nuevo Código Procesal Penal y la ineptitud de protagonistas en los tribunales. Todo ello constituye un peligro constante al ejercicio del periodismo responsable. ¿Para qué esperar y alimentar la tragedia, permitir que llegue el luto a los hogares, cuando la amenaza es inminente? La justicia tardía, no es justicia, y los jueces lo saben.

Quienes ejercen el periodismo no pueden funcionar de manera efectiva en un ambiente de inseguridad y de amenazas por la negligencia de aquellos que tienen el deber de proteger vida y propiedad. La práctica de incumplir las leyes, incluso aquella que demanda el sentido común, envía una señal de falsa seguridad a los delincuentes, quienes se sienten protegidos por un aparente manto cíclico de impunidad invisible en el sistema judicial dominicano. El Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa en todos los tiempos, sin excusas ni banalidades.