¿Podrán los DOMINICANOS y otros extranjeros votar en Puerto Rico?

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¿XENOFOBIA SELECTIVA EN PUERTO RICO? www.diasporadominicana.com

Eugenio García Cuevas
Eugenio García Cuevas

Por Eugenio García Cuevas
Escritor y catedrático Universidad de Puerto Rico

El proyecto de Ley 2758 sometido a la legislatura de Puerto Rico para que los extranjeros residentes legales, mayormente dominicanos, voten en las próximas elecciones de 2016 no se convertirá en ley. Ojalá me equivoque. Aunque en PR viven ciudadanos de otros países, el proyecto ha sido interpretado como dirigido únicamente a la comunidad dominicana. El rechazo a la medida por sectores mediáticos y de un grueso de la ciudadanía puertorriqueña no me ha sorprendido. Se hace necesario recuperar algunos acontecimientos algo lejanos y recientes para explicar algunas posibles razones de las oposiciones.

Hago un breve recuento de sus aristas: El 16 de agosto de 1997 el ciudadano dominicano Rafael Herrera murió como consecuencia de una golpiza que le propinó la policía de Puerto Rico. Antes de esa muerte, ya al interior de la comunidad dominicana, se habían venido haciendo denuncias del discrimen de que eran objetos dominicanos y dominicanas. Ese suceso fue detonante para que se afirmara públicamente que en PR había xenofobia contra esta comunidad. Aunque con ciertas suspicacias, a través de un breve escrito, manifesté ciertas vacilaciones en hacer una manifestación concluyente sobre la xenofobia.

Posterior a 1997 los abusos de la policía siguieron manifestándose más frecuentemente al grado de que en 2011 un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunciaba el maltrato y la violación de los derechos civiles de que era objeto un gran sector de la comunidad dominicana por parte de la policía de Puerto Rico. El informe también llamaba la atención sobre el maltrato a sectores puertorriqueños de bajos recursos económicos.

En la radio –que es el verdadero foro público en PR– es cada vez más habitual escuchar a mantenedores de programas diarios manifestarse de manera despectiva, burlesca y arrogante contra la comunidad dominicana residente en Puerto Rico. A sus expresiones les siguen las llamadas de una parte del público, ya avivados por ellos, que también despotrican contra la comunidad dominicana.

Durante varios meses hice el ejercicio de dedicarme a leer los comentarios que hacían los lectores sobre las noticias relacionadas con la República Dominicana y con los dominicanos en PR en la versión digital del periódico El Nuevo Día. El resultado fue un espanto: sin importar el tipo de noticia que fuera (negativa o positiva) más del 90 por ciento de las opiniones leídas expresaban abierta o veladamente desprecio o mofa hacia lo más mínimo relacionado con lo dominicano. Ese ejercicio me reveló que la xenofobia, el antidominicanismo, ha venido creciendo aceleradamente en ciertos sectores de la sociedad puertorriqueña.

El preámbulo apretado viene por lo siguiente: el pasado miércoles 18 de noviembre circuló la noticia de que se había sometido a la Legislatura de PR el proyecto 2758 para enmendar la Ley electoral y permitir que los extranjeros residentes legales pudieran votar en las elecciones de 2016. Desde que escuché la noticia supe inmediatamente que vendrían las reacciones xenófobas en contra de la comunidad dominicana, muy a pesar de que los dominicanos no son los únicos extranjeros que residen en PR, aunque sí es el grupo más numeroso. El asunto se convirtió en la noticia del día. Un sector notable de la prensa radial hizo su fiesta. Ni un análisis, ni un argumento. Todo se redujo a la xenofobia como argumento que no es argumento y sí sofisma, tergiversación e intolerancia. Algunos llamados analistas espolearon a sus huestes y más xenofobia desbordada por las líneas telefónicas.

Pudiendo haber planteado que el proyecto sólo contempla el voto de aquellos extranjeros residentes legales, es decir, poseedores de una Green Card que le otorga el gobierno de los EE.UU. para que puedan residir en cualquiera de sus 50 estados o en sus territorios (como es el caso de PR) estos analistas prefirieron lanzar una nebulosa. Juntaron deliberadamente el asunto con los que residen ilegalmente cuando se sabe que el voto de éstos no se contempla en el proyecto por su misma condición de “indocumentados” como también se les denomina a estos ciudadanos extranjeros.
Según resume Noticel y cito: “además de cumplir con los requisitos de tener 18 años de edad y no estar incapacitado mentalmente según declarado por un Tribunal, los extranjeros deben tener permiso de residencia legal permanente emitido por el gobierno de Estados Unidos, tener su domicilio en Puerto Rico y manifestar su intención de permanecer en Puerto Rico.

También deben saber español o inglés. Esos requisitos deberán certificarse mediante la presentación de una declaración jurada ante notario y demostrar que han residido en Puerto Rico por lo menos 24 meses antes del evento electoral… Para demostrar su cumplimiento con los años de residencia, el solicitante podrá mostrar como evidencia al notario documentos que evidencien fehacientemente su presencia en Puerto Rico incluyendo, pero sin limitarse a: pasaporte con sello de admisión, récords escolares oficiales de las escuelas puertorriqueñas a las que ha asistido, diplomas o certificados emitidos por instituciones de enseñanza puertorriqueñas, récords de viajes, récords médicos o de empleo, récords oficiales de alguna entidad religiosa confirmando participación en ceremonias religiosas, copias de giros, o récords de transacciones bancarias al igual que recibos de facturas”.

Si no fuera por el desconocimiento de muchos sobre cómo funcionan los procesos migratorios en los Estados Unidos (incluso gente muy inteligente y letrada) quizás fuera innecesario aclarar que los extranjeros que después de residir por más 5 años continuos en los EE.UU. (incluyendo a PR) y se hicieron ciudadanos americanos no tienen que cumplir con ninguno de estos requisitos que plantea el proyecto 2758. Al naturalizarse como estadounidenses estos automáticamente adquieren el derecho al voto en el estado o territorio donde residan.

En cuanto a la comunidad dominicana se refiere, a mí me confunde algo el proyecto de Ley porque se trata de una propuesta del Partido Popular Democrático y no es un secreto que la mayoría de los dominicanos residentes en PR tienden a ser estadistas. Es posible, no lo sé, pero ante la fuga poblacional que ha padecido PR hacia los EE.UU. en los últimos años (se calcula que cerca de 375 mil desde el 2010 al 2104) es claro que para las próximas elecciones habrá en la isla un déficit de votantes. Tal vez se pretenda suplir en algo esa ausencia con los extranjeros residentes legales. Es sólo una conjetura que le corresponde a los politólogos analizar.

Creo que debido a la condición colonial de Puerto Rico se trata de un proyecto que debería discutirse prudentemente, pero sin dejar de tomar en cuenta que los extranjeros residentes legales en PR, mayormente dominicanos, tienen que cumplir con todas las leyes de un ciudadano común. Trabajan bajos las reglamentaciones laborales del ELA, pagan impuestos municipales y generales, pagan seguro social, seguros de salud y los que son comerciantes se autoemplean y crean empleos. Aportan con sus pequeños negocios a la economía del país, etc., etc. Estos últimos y los que trabajan como obreros asalariados cumplen con todas las leyes que competen a cualquier ciudadano nativo, solo con la diferencia de que no tienen derecho al voto.
Me parece, que aunque haya demagogia y oportunismo de parte del PPD se trata de un proyecto que debería discutirse con seriedad y cordura. Verlo en sus méritos.

Quizás el requisito de los dos años, por ejemplo, sea una de sus debilidades, pero un proyecto es solo eso: una propuesta abierta a enmiendas. Lo que no es aceptable desde ninguna perspectiva cívica y justa –como ha expresado el historiador y analista político Néstor Duprey Salgado– es que se esgrima la xenofobia como argumento para rechazarlo. Eso es retraso en el mundo de hoy.

En 2013, cuando la química dominicana Claribel Martínez (algunos medios la bautizaron como “La dominicana”) se postuló para sustituir en la legislatura al renunciante a su escaño Eduardo Ferrer, del PPD, la xenofobia se hizo evidente. Aunque ella no aspiraba a sustituir a Ferrer como representante de la comunidad dominicana, sino como una legisladora del Partido Popular más; la lectura que se hizo en amplios sectores de PR fue que ella venía a la legislatura a representar a la comunidad dominicana. El juicio era incorrecto. Venía como ciudadana porque tiene varias décadas viviendo en PR, amén de que es ciudadana estadounidense. No conozco a Claribel y se podrían tener diferencias políticas con ella. Es posible, incluso, que quizás no fuera la mejor candidata, pero lo que es reprochable es que haya sido atacada por ser de origen dominicano. Le cayó encima la guillotina de la xenofobia.
Desde un tiempo para acá el Partido Popular Democrático viene coqueteando con los más diez mil dominicanos ciudadanos estadounidense con derecho al voto en PR. Aunque una parte de esos votantes favorecen al PPD, e incluso una ínfima parte al PIP, la alta diligencia del PPD sabe que la tajada mayor de esos electores vota por el Partido Nuevo Progresista.

No podemos ser ingenuos como para no pensar que una medida como el proyecto 2758, además de lo que hemos conjeturado sobre el déficit de votantes en 2016, también busca congraciarse con la comunidad dominicana y arrebatarle una cuota de esos potenciales electores al PNP. Estadísticamente hablando, los actuales votantes dominicanos son analógicamente un reflejo micro de lo que es el orden del macro de la distribución del voto en Puerto Rico: PNP, PPD, PIP. Los sueltos de este nudo triangular asimétrico somos pocos, pero existimos. A los xenófobos habría que recordarle que los votantes dominicanos con derecho al voto actualmente lo único que hacen es flotar como minoría sobre tres mayorías e incluso sobre los partidos emergentes como el PPT.

El proyecto 2758 no se va a convertir en Ley. Tal vez por su misma bochornosa condición colonial, PR no está preparado para una apertura como la que propone esta medida legislativa. Sensible por demás, todo lo político en PR desemboca en el asunto del status. No obstante, desde ya el Partido Popular Democrático ha salido ganando: aunque no logre que también los extranjeros legales voten a partir de las próximas elecciones, ya se ha agenciado algo de simpatía de un sector de los dominicanos ciudadanos naturalizados estadounidenses que sí votan. El PPD no ha perdido nada con esta propuesta. Tampoco le ha importado que quienes están pagando los platos rotos es la comunidad dominicana que cada vez está más expuesta a los juicios xenófobos de un creciente sector en PR. Para los grupos antidominicanos en PR, el chivo expiatorio, el otro, el responsable del desempleo y de la criminalidad, entre otros males, es el dominicano.

En definitiva, que el mérito del proyecto 2758 es haber traído a la discusión pública un asunto que a la larga habrá que atenderse en Puerto Rico. Después de más de 40 años de movimientos poblacionales de ciudadanos dominicanos hacia Puerto Rico y que una gran cantidad de ellos se han integrado a la sociedad puertorriqueña, aunque no se hayan naturalizados por las razones que sean, es normal que se plantee su derecho al voto. Habría que añadir que la constitución dominicana resiste la ciudadanía doble y hasta triple de sus ciudadanos.

La migración dominicana hacia PR ya ha generado al menos dos generaciones de individuos hijos de parejas dominicanas. También están los hijos e hijas de parejas formadas por dominicanos y puertorriqueñas y viceversa. Las proles de esas parejas nacen como ciudadanos estadounidenses en PR y no tienen ninguna dificultad para ejercer su derecho al voto. Pero habría que preguntarle a los xenófobos: ¿Acaso no deberían también tener derecho sus padres y madres provenientes de la República Dominicana a votar por lo que crean que es lo mejor para el presente y futuro de su hijos, hijas, nietos y nietas? Nadie está obligado a votar. Es una decisión personal. Es un ejercicio de libertad que es mejor tenerlo disponible a no poseerlo.

Sé que algunos y algunas pueden traer a colación la compleja e injusta situación de los haitianos en la República Dominicana. Por si acaso, les aclaro que soy de los que junto a otros miles de dominicanos y dominicanas hemos condenado consistentemente esa xenofobia y discrimen en contra de los haitianos y haitianas. Me parece incongruente que algunos sectores llamados progresistas aquí en PR se declaren prohaitianos –aunque los hay genuinamente– solo para justificar su antidominicanismo.

Creo que si se es demócrata y anti cualquier tipo de discrimen, incluyendo el de origen étnico, entonces habría que serlo con todos los seres humanos que sean víctimas de ellos. Fuera de los partidos hegemónicos y más allá del apoyo que ha manifestado el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) como organización emergente, he extrañado algunas de esas voces que siempre están a la vanguardia para denunciar públicamente todo lo que consideran que son actos de injusticias y de discrimen. Igual que el voto, nadie está obligado a decir nada. Yo lo dice un principio policial y jurídico: “Tiene derecho a permanecer callado, todo lo que digas podrá ser utilizado en su contra”.