Amnistía Internacional llama gobierno PR revaluar su política de seguridad

Río Piedras – Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico le hace un llamado al Gobierno de Puerto Rico a revaluar su política de seguridad y que ponga los derechos humanos como centro de su estrategia.

La firma del nuevo Código Penal por parte del Gobernador de Puerto Rico el pasado 30 de Julio de 2012, es un ejemplo más de una política pública sobre seguridad alejada de los preceptos básico de los derechos humanos. Desde la perspectiva de los derechos humanos existen muchas preocupantes sobre el nuevo Código Penal. El aumento en la sentencia a manifestaciones no autorizadas, el visto bueno explicito a intervenir con la prensa y la ambigüedad en la definición de términos como “demorar”, “estorbar”, “desorden” y “perturbar” se prestan a un uso indebido, discriminatorio y represivo por parte del Estado. Sin mencionar las omisiones graves  sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Pedro Santiago, Director Ejecutivo de la Sección abundó “Lamentamos mucho que el gobernador firmara este nuevo Código Penal, a pesar de las miles de expresiones de la ciudadanía a que revaluara el mismo, y se hicieran ajustes armonizado con los derechos humanos y la realidad del estado de derecho actual.

No obstante, es cónsono con las políticas de miedo e intimidación que han distinguido su política sobre seguridad. A pesar de los reiterados fracasos que este tipo de política ha tenido internacionalmente en la reducción de la violencia, seguimos insistiendo en medidas que en nada abogan al fomento de una cultura de paz.

Desde que comenzó este cuatrienio la política de seguridad se ha basado en una filosofía de represión, castigo y criminalización de la disidencia, la juventud y las comunidades marginadas.

Acciones como la activación de la guardia nacional, la autorización de uso de fuerza letal a discreción, las expresiones del superintendente para que la ciudadanía se autodefienda “tirando a matar”, y la reciente propuesta de enmendar la constitución  con el objetivo de limitar el derecho a la fianza, afectando de facto, el derecho a la presunción de inocencia, son ejemplos de lo antes expuesto. “Jamás vamos a lograr un verdadero cambio en la criminalidad y el uso de la violencia hasta que no reconozcamos que es un problema de derechos humanos. Pretendemos resolverlos con medidas a corto plazo, mediante castigos y amenazas, cuando en realidad es un asunto de desbalance social y de prioridades.

No se disuade con amenazas, sino con el esclarecimiento de los casos, no es el castigo severo sino las posibilidades de rehabilitación lo que harán no volver a delinquir, y la justicia a la víctima no son los años que dure la sentencia, sino que se atiendan las necesidades psicológicas y económicas como consecuencia del crimen del que fue sometido (a). No podemos seguir insistiendo en enfrentarnos a la criminalidad con una política de represión, de privación y castigo.  Mucho menos criminalizando actos que no lo son, como es la libertad de expresión, el derecho a disentir y protestar, el derecho de reunirse y el derecho a la terminación del embarazo.” expresó Pedro Santiago, Director Ejecutivo de la Sección de Puerto Rico.

 

Exhortamos al gobernador a que revalué su política de seguridad y ponga los derechos humanos como centro de cualquier estrategia.

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