Tribunal Constitucional desnuda su ineficacia

Protege la arbitrariedad y el fraude

  Por Jorge Luis Polanco Rodríguez

Abogado del PNVC

Muere la institucionalidad y el país está sedado. El Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inadmisible la solicitud formulada por el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), en torno a una medida de urgencia ante el atentado a la democracia que provocó recientemente el Tribunal Superior Electoral con una decisión fraudulenta para beneficiar la candidatura del Partido dela LiberaciónDominicana(PLD).

La medida solicitada al TC era que suspendiera la sentencia y los efectos de la decisión del Tribunal Superior Electoral, y una vez suspendida la misma, el PNVC podía ser incluido en la boleta electoral para las elecciones de mayo de 2012 hasta tanto se conociera el Recurso de Revisión Constitucional interpuesto contra la referida sentencia.

Si la decisión del TSE no era suspendida, ello implicaba que la candidatura presentada por el PNVC estaba expuesta a ser excluida de la boleta y con ello de las elecciones. Con esta medida se perpetúa y reitera las arbitrariedades y el fraude denunciados en el Recurso de Revisión Constitucional interpuesto por el PNVC y aun no decidido de manera formal.

Recordemos que Danilo Medina se agenció la simpatía de Juan José Mesa y Ricardo Munné a lo interno del PNVC, y al verificar que dicho partido decidió aliarse a la candidatura de Hipólito Mejía, emprendió el sabotaje de la misma. Medina contaba con los tres jueces que componen la mayoría simple a lo interno del Tribunal Superior Electoral (TSE), los magistrados José Manuel Hernández Peguero, Mabel Ybelca Féliz Báez y John Newton Guiliani. Hernández Peguero y Féliz Báez dejaron funciones públicas durante el presente Gobierno del PLD cuando asumieron la función de jueces y Guiliani dejó evidencia de la relación personal con los reclamantes que apoyaban a Danilo Medina, figurando en varias fotografías celebrando en diversas ocasiones con Mesa y Munné. Finalmente, desde antes de que el TSE emitiera su decisión y apenas dos días después de que se impugnara la convención, el Juez Guiliani, en una entrevista en CDN del 23 de febrero, predijo que el PNVC no estaría en la boleta para estas elecciones.  Fue así que Medina, utilizando en su beneficio el TSE, logró la decisión que anuló la convención XXXV, mediante la cual el PNVC decidía participar en las elecciones de mayo de 2012 apoyando la candidatura del adversario de Medina, Hipólito Mejía Domínguez.

 

Producto de la decisión del TSE, en el sentido de que anuló la convención del PNVC que decidió aliarse al PRD,la Junta CentralElectoral decidió rechazar la alianza entre el PNVC y el PRD. Es decir,la Junta Centralsolo excluye al PNVC en la medida en que se mantienen o no los efectos de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Constitucional entendió que con dicha decisiónla JuntaCentralElectoral ya había ejecutado la sentencia del Tribunal Superior Electoral y por ello carecía de objeto la solicitud de suspender una sentencia que ya había sido ejecutada.

 

El Tribunal Constitucional se entregó a declarar inadmisible la solicitud de medidas hecha por el PNVC, porque si suspendían la ejecución de la sentencia, que ellos entendían que ya había sido ejecutada, violaban el principio de preclusión. Este principio significa que no se puede devolver un proceso a etapas ya concluidas, y el TC sostuvo que cuandola Junta Central Electoral decide no admitir la alianza entre el PNVC y el candidato del PRD, lo cual hizola Junta precisamente por efecto de la decisión del TSE, entonces ya la sentencia había sido ejecutada y se violentaría la posición ya adoptada porla Junta Central Electoral. Aplicar esta teoría que el TC importó del derecho penal y civil, para aplicarlo en materia constitucional, implicó desconocer y violar los principios propios y connaturales a la materia constitucional contemplados en la ley 137-11 (Orgánica del Tribunal Constitucional), que se describen a continuación:

a) El artículo 7.3 (principio de Constitucionalidad: según el cual “corresponde al Tribunal Constitucional…garantizar la supremacía, integridad y eficacia dela Constitución y del bloque de constitucionalidad) y la sentencia no analizó si los principios constitucionales denunciados estaban siendo o no violados o peligraba una violación irreparable que ameritaba ordenar una medida.

b) El artículo 7.4, principio de Efectividad conforme al cual todo juez o tribunal debe garantizar la aplicación efectiva de las normas constitucionales y los derechos fundamentales y está obligado a utilizar los medias mas idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando  amerite el caso en razón de sus peculiaridades.  En este caso no hubo ninguna medida idónea.

c) El artículo 7.7 sobre el principio de la Inconvalibilidad según el cual “la infracción de los valores, principios y reglas constitucionales, está sancionada con la nulidad y se prohíbe su subsanación o convalidación. Si hay derechos constitucionales violados en razón de una sentencia que se encuentra cuestionada, mal ha podido el TC decidir en la forma que lo hizo, pues con ello ha convalidado las violaciones denunciadas.

d) El artículo 7. 5 (principio de Favorabilidad de acuerdo al cualla Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho)

 

Si el Tribunal Constitucional no quiere proteger los derechos y la constitución, creando excusas inexistentes, forzadas e ilógicas entonces dentro de nuestro país no existen instituciones a las cuales acudir. El Tribunal Constitucional si tenía una solicitud con objeto y mientras no se cerrara el período para presentar las propuestas, que era 60 días previo a las elecciones, y ellos imprimieran las boletas para las votaciones, sí era posible detener los efectos inconstitucionales de la sentencia del TSE y preservar el derecho de los militantes del PNVC de que puedan votar a través de su partido y por el candidato que eligieron en base a un derecho de asociación protegido porla Constitución. Anteeste desamparo nos queda acudir a los organismos internacionales y apelar a la conciencia y voz del pueblo dominicano, la cual no podrá doblegar el poder ni los intereses políticos. Al momento de interponer la solicitud de medida,la Junta CentralElectoral no estaba en condiciones de imprimir la boleta que se utilizará para las próximas votaciones, y a pesar de ello se concretizaron los efectos de una decisión fraudulenta.

 

 


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