Uno de los apresados en La Romana es hijo de un reconocido empresario boricua

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Santos Díaz, cuyas corporaciones son dueñas de tres lujosas propiedades confiscadas por las autoridades dominicanas como parte del operativo contra el narcotráfico en el que cayó su hijo Omar, es una figura polémica que ha estado en el ojo del huracán en notorios escándalos públicos de  corrupción.

El empresario nunca ha sido acusado en Puerto Rico, ni tampoco es objeto de ninguna imputación en   República Dominicana. Pero la alegación de las autoridades dominicanas de que las propiedades de sus corporaciones eran usadas por su hijo como centro de operaciones de una organización internacional de narcotráfico ha traído a la palestra pública algunas de las muchas polémicas de las cuales este empresario fue parte en el pasado.  

“Si alguien ha sido investigado en Puerto Rico ese es Santos Díaz y no han encontrado nada”, señaló ayer el abogado de su familia, Peter Díaz Santiago.

Santos Díaz dijo a El Nuevo Día ayer que él es CPA y que las propiedades no están a su nombre, sino que pertenecen a corporaciones suyas registradas en Islas Vírgenes Británicas, por lo cual espera recuperarlas.

Díaz es dueño de Data Research Corporation (DRC), la empresa que obtuvo  el polémico contrato de $100 millones para el proyecto “E-Rate” para proveer internet a las escuelas públicas entre 1998 y 2000.

Solo nueve escuelas fueron conectadas, el escándalo fue investigado hasta por el Congreso de Estados Unidos y el fracaso de este proyecto fue una de las principales razones por las cuales las autoridades federales restringieron por años el acceso a fondos federales en el Departamento de Educación.

El contrato le fue otorgado por el  exsecretario de Educación Víctor Fajardo, quien resultó convicto de recibir dinero de parte de contratistas de la agencia. Díaz fue investigado en este caso, pero no fue acusado.

A raíz del fracaso del proyecto, la administración de la exgobernadora Sila Calderón le canceló el contrato a Díaz en el 2002. El empresario la demandó bajo el argumento de que estaba siendo discriminado por ser miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de Empresarios con Rosselló, un polémico grupo que cobraba donativos por reunir a dueños de empresas con jefes de agencia bajo la administración del exgobernador Pedro Rosselló.    La demanda fue transada en un acuerdo confidencial.

Un exfuncionario de la administración Calderón, que habló con la condición de que no se le identificara, dijo que entre las irregularidades detectadas en el proyecto E-Rate había facturación por servicios no prestados y falsificación de documentos.

Además, detectaron que nunca se diseñó la red informática  y hubo  deficiencias de seguridad y la administración del sistema.

Para ese tiempo, el convicto exsenador Freddie Valentín declaró en la corte federal que Díaz les entregó $10,000 a ambos  a cambio de un contrato con el cuerpo legislativo.

Al final de la década de los 1990, DRC tenía sobre 10 contratos con agencias del gobierno, entre las cuales se encontraba el Departamento de Hacienda, el Centro de Bellas Artes y el Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

El contrato con la CFSE, ascendía a más de $12 millones y fue eje también de controversias por deficiencias en la mecanización de los sistemas que hizo DRC en la Corporación.

Publicado en el Nuevo Dia