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Abogan se restituyan agravantes por razón de orientación sexual, identidad de género y origen étnico

El director ejecutivo de la Fundación Gaviota, que de dedica a la asistencia a víctimas de crímenes de odio, Lcdo. Thomas Bryan Picó, sostuvo hoy que ha sido cuesta arriba su lucha para que sean investigados los crímenes de odio contra la comunidad LGBTT y sean considerados sus derechos por las autoridades pertinentes.

Por tal razón, abogó para que se restituya al nuevo Código Penal los agravantes por razón de orientación sexual, así como los de género, identidad de género y origen étnico que fueron eliminados de la legislación por el Senado. 

Incluso, testificando ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara que preside Liza Fernández, el líder de la Fundación, rechazó los planteamientos hechos por varios religiosos y grupos cristianos en cuanto a que deben eliminarse los agravantes por tratarse de un privilegio a la comunidad LGBTT. Planteó que “no obstante es un privilegio que reclaman para sí (los religiosos) al mantener la protección para casos de discrimen por creencias religiosas diferentes”.

Bryan Picó,  inició su gestión defensiva a raíz del caso de Jorge Stevens, que fue desmembrado y quemado a mediados de noviembre del año pasado. También al ser colaborador en varias investigaciones de crímenes contra esta comunidad, resaltó la importancia de continuar fortaleciendo el acuerdo entre el gobierno estatal y federal para efectuar adiestramientos relacionados al manejo de crímenes de odio, que al momento cuenta con el apoyo de la Policía de Nueva York.

Argumentó que ya desde el 2002, existía la ley de crímenes de odio local, de naturaleza procesal y amplia cobertura en delitos de todo tipo ocasionado por prejuicio,  originalmente como regla de procesamiento criminal que luego se incorporó al Código Penal.

“Nunca se le asignaron fondos, ni se planificó su implantación, ni se había planificado sistemáticamente para los miembros de la Policía de Puerto Rico, ni a los fiscales, ni a los jueces. Actualmente no se llevan estadísticas oficiales sobre estos casos ni se reportan al FBI como hacen los demás estados de la nación”, expresó Bryan Picó,

También, planteó que ocurre igual con los casos de “bullying”, a pesar de la correlación que tienen con los eventuales crímenes de odio, y en el suicidio, especialmente en adolescentes.

Bryan Picó,  mencionó además que, a su juicio, “por esto los casos reportados son sub cuantificados…por que no se detectan, no se reportan, no se evidencian y no se investigan….por lo tanto, no se determinan adecuadamente. Es por eso que no tenemos convicciones sobre el asunto, pero no es porque no ocurran. Por eso la ineficiencia del Estado no debe atribuírsele a la comunidad  LGBTT, a pesar de que nuestros enemigos ahora reclaman que las protecciones deben eliminarse porque no hay estadísticas de la incidencia del problema”.

Asimismo, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, Esteban Reyes,  también abogó por que se mantenga en el nuevo Código Penal la protección de minorías. Llegó más lejos, al adjudicar que aparte del discrimen que sufre su comunidad de algunos ciudadanos, lo sufre de parte de la Policía de Puerto Rico.

“El discrimen es más fuerte a nivel institucional. La Policía debe ponerse en sindicatura porque ellos se están negando a implementar las recomendaciones que le impartió el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces lo que nos queda es la sindicatura. Nosotros hemos denunciado miles de casos. En lo que va del año hemos denunciado algunos 30 a 40 casos de personas que residen legalmente aquí y hemos logrado probar mas allá de toda duda razonable los mismos y no vemos justicia”, dijo

Acompañado por familiares de víctimas de crímenes de odio, subrayó que su comunidad continúa sufriendo de constantes ataques y violaciones de sus derechos humanos sin tener un foro donde puedan reclamar justicia.

“Lo que sorprende es la contradicción de la aprobación por el Senado del (nuevo) Código Penal, que deja entrever la influencia de algunos grupos fundamentalistas, cuyos principios radican en doctrinas parecidas al Talibán. El pacto internacional de derechos económicos  sociales y culturales aprobado en Ginebra en 1994, permite protecciones a las personas en colaboraciones con las organizaciones no gubernamentales, mientras que en Puerto Rico se pretende eliminar los derechos adquiridos”, concluyó.

Cámara de Representante

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Escrito por en Dic 15 2011. Archivado bajo Noticias, Otras Noticias. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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