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Dominicanos cobrarían en las urnas a los políticos que den marcha atrás agravantes crímenes de odio

Si se atreven a dar marcha atrás con los agravantes de las sentencias para los crímenes de odio, el costo para el Gobierno serán votos: pérdida de decenas de miles de votos de los dominicanos naturalizados en la Isla y de decenas de miles de votos de sus familiares, aseguró ayer el Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico.

PUERTO RICO.-El gobernador Luis Fortuño se expresó ayer en contra de que se enmiende el Código Penal de la forma en que pretendía el Senado, pero aun así, el portavoz del Comité, José Rodríguez, advirtió que la comunidad dominicana estará atenta a lo que pueda suceder y, de ser necesario, cerca de las elecciones se haría un llamado a rechazar en las urnas a los candidatos que hayan respaldado la versión de la Cámara alta y de su presidente, Thomas Rivera Schatz.

“Eso tendría un costo político… Aquí hay entre 70 mil y 80 mil votos de ciudadanos dominicanos que han jurado bandera”, sostuvo Rodríguez, tras traer a colación que durante este cuatrienio tres dominicanos han sido asesinados en Puerto Rico, presumiblemente por crímenes de odio que no han sido esclarecidos por el Departamento de Justicia.

“Los votos dominicanos son muchos. También hay que contar a los familiares que viven en la Isla”, explicó en otra entrevista el director de la American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU) William Ramírez, quien agregó que a esos sufragios habría que añadirles los de otros grupos afectados por las enmiendas, principalmente el sector de los homosexuales.

Tanto Rodríguez como Ramírez, puntualizaron que el discrimen contra los dominicanos quedó documentado y denunciado por el Informe de Justicia federal sobre abuso policiaco. Dicho abuso policiaco, puntualizó el presidente de la ACLU, también es crimen de odio.

Las agresiones contra los dominicanos, subrayó Rodríguez, no han cesado en la Isla pese a la intervención federal. “Creo que esto (del Código) es una venganza. Están jugando a la teoría del shock, de que lo derogo y luego no lo hace, pero con eso no se juega”, dijo.

Sobre los religiosos que se han expresado a favor de la eliminación de los agravantes, afirmó que éstos “se comportan como supremacistas blancos”, que dicen que no se les puede dar privilegios a ciertos grupos, pero es a ellos a quienes el Gobierno privilegia.

William Ramírez se refirió en específico al presidente de la Pastoral Unida a Favor de la Familia, César Vázquez, que manifestó conformidad con las enmiendas en lo que concierne a las categorías de “orientación sexual, género e identidad de género como agravantes, “pero no expresa nada sobre la eliminación del origen étnico, lo que impactaría a los hermanos dominicanos”.

La versión del Código en el Senado, agregó Ramírez, no excluye de los delitos con agravantes los infligidos por ideologías de fe, realidad que, sostuvo, los religiosos no han objetado.

Mencionó que en Estados Unidos, de 1998 a 2007, hubo 77 mil crímenes de odio, la mayoría por raza; seguidos por los crímenes por género, los de origen nacional y, por último, contra la comunidad gay.

Ayer, en medio de una una actividad del Departamento de la Familia en la que participaba Fortuño, la evangelista Wanda Rolón dijo que el Gobierno no debía “enfocarse en grupitos minoritarios”. Eso, consignó, “sería decir que ellos tienen más privilegios que otros”.

Otros religiosos que participaban del mismo evento, al ser entrevistados por este diario, coincidieron en que no se debe hacer distinción entre unas víctimas del crimen y otras.

El gobernador Luis Fortuño dio a conocer ayer que él favorece que el Código Penal “se quede como está”, con todas los agravantes para los crímenes de odio.

“Se debe castigar todo aquello que le inflija a cualquier persona un daño, pero creo que debemos castigar en particular aquellos casos en que se le hace daño a otros seres humanos motivado por diferencias en sus creencias religiosas, origen étnico, orientación sexual y otros”. dijo.

El Gobernador recalcó que ha favorecido esta política siempre y que incluso firmó dos leyes, una para establecer el agravante en los crímenes cometidos contra personas sin hogar; y otra para fijarlo en los crímenes contra mujeres embarazadas.

Acerca del tema de las bonificaciones concedidas a los reos vis a vis las penas más duras que contendría el nuevo Código, negó que las primeras vayan a provocar que los convictos cumplan penas más lenientes que las de ahora.

“Nunca se va a dar ese caso”, sentenció.

 

Fuente: Primera Hora

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Escrito por en Dic 10 2011. Archivado bajo Dominicanos de la DIASPORA, Noticias, Puerto Rico. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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