Gobernador anuncia fin de caso Efraín Montero Torres vs Rafael Hernández Colón

0
8

PUERTO RICO.-El gobernador Luis Fortuño, anunció hoy la terminación del caso más antiguo en la historia correccional de la isla, “Efraín Montero Torres vs. Rafael Hernández Colón”, que por sobre tres décadas mantuvo al Gobierno de Puerto Rico con multas millonarias bajo el Tribunal Federal por violación de derechos civiles de los confinados.

Con este cierre, se han reducido de 1,300 órdenes bajo el caso Morales Feliciano, a tan sólo 27. Este litigio, que data de 1975, fue incorporado bajo los señalamientos federales del caso Morales Feliciano en 1979.

“Hemos llegado a un acuerdo histórico para dar por concluido el caso de Efraín Montero Torres v. Rafael Hernández Colón, litigio que en el 1979 encontró violaciones a los derechos de los confinados ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Bajo nuestra administración hemos corregido los señalamientos más apremiantes del Caso Morales Feliciano, logrando consistentemente mejorar los estándares de vida para la población correccional. De 1,300 órdenes que han litigado al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), estamos a tan sólo 27 órdenes para próximamente dar fin a este histórico caso”, expresó el Gobernador.

Acompañado de los secretarios del Departamento de Justicia, de Hacienda y del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Guillermo Somoza, Jesús Méndez y Jesús González Cruz, respectivamente, el Primer Mandatario enfatizó que, “hemos logrado establecer un nivel de cumplimiento y eficiencia en la tramitación de los procesos y en el término en que se realizan los mismos bajo la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Ante la evaluación de los abogados de los confinados y el escrutinio del Tribunal Federal, estas partes entienden que ya no existen las condiciones de violaciones de derechos civiles que marcaron el caso de Montero Torres por los pasados 35 años”.

Además de los logros antes mencionados, fue posible retirar el caso de la jurisdicción y escrutinio del Tribunal Federal y demostrar que el Gobierno puede continuar ejecutando sus funciones en cumplimiento de las leyes, sin que sea necesario que el Tribunal Federal se mantenga monitoreando dicho cumplimiento.

Por años, en la litigación del caso Morales Feliciano, una de las controversias recurrentes, era la relacionada al debido proceso de ley de los confinados en los procedimientos ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Entre los señalamientos estaban:

 

  • No referir, o referir tardíamente los casos meritorios ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra
  • Atender inadecuadamente las peticiones ante la Junta de Libertad Bajo Palabra
  • Incumplir en el trámite establecido para los procesos de la Junta de Libertad Bajo Palabra, efectuando los mismos en contra de la reglamentación establecida (Por ejemplo, casos que cumplían con los parámetros para ser sometidos ante la Junta no eran sometidos y aquellos que sí eran sometidos, el proceso se efectuaba de manera tan lenta, y confinados que en justicia merecían ser liberados, cumplían las penas en su totalidad, sin que la Junta atendiera la solicitud en sus méritos)

 

Fortuño subrayó que, a través de la terminación de este caso, los confinados contarán con una Junta de Libertad Bajo Palabra organizada adecuadamente, que cumple con los términos establecidos para tramitar sus procesos; que tramitará y analizará de una forma justa las solicitudes de los confinados para que -de éstos haber cumplido con todo lo requerido- puedan salir a la libre comunidad, lo que contribuye de manera sustancial con su  rehabilitación.

Igualmente, el Gobernador fue enfático al señalar que “para la sociedad en general, lo que significa es que habrá un ahorro millonario para en lugar de utilizar estos fondos en pagos de multas y en el pago de abogados, podremos invertirlos en programas e iniciativas dirigidos a la rehabilitación de nuestros confinados, en beneficio de todos los puertorriqueños”.

En tanto, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación  dijo: “continuamos obteniendo logros encaminados terminar el caso más antiguo en la jurisdicción federal, el caso Morales Feliciano, en bien de Puerto Rico. Nuestro pueblo debe sentirse orgulloso y complacido. Con esto, eliminamos los problemas sistemáticos que por tres décadas habían aquejado a nuestro sistema correccional”.

El Gobernador mencionó, además, que otras áreas han sido encaminadas y ya no representan inconstitucionalidad por el esfuerzo demostrado por su administración de rectificarlas, como lo son: servicios de alimentos, servicios de salud, la rehabilitación y acceso a la justicia. Eso, aparte del enfoque educativo que se le está dando al sistema, con la expansión de talleres, el inicio de la etapa piloto de la Universidad Correccional, y otras iniciativas.

Somoza Colombani agregó que la conclusión de este pleito “permite garantizar a todos los confinados un debido proceso de ley en los procedimientos ante la JLBP”. Añadió que el Departamento de Justicia continuará aunando esfuerzos para cumplir con todas las órdenes del Tribunal Federal para lograr un sistema de corrección que su misión primordial es rehabilitar a nuestros confinados.

Finalmente, el secretario de Hacienda,  Jesús F. Méndez, indicó que “el cierre de este caso es un gran logro para todos en Puerto Rico, ya que evita las costosas multas que por décadas se le habían impuesto al Gobierno de Puerto Rico por su inhabilidad de cumplir con los mandatos de la corte.  Ahora el presupuesto se utiliza para velar por la calidad de los servicios de la población penal y dirigir los recursos hacia los programas de rehabilitación”.